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Atención de la agenda de los pueblos indígenas en la gestión e inversión pública. Diagnóstico en las provincias de Condorcanqui y Bagua en la Región Amazonas y Datem del Marañón en la Región Loreto.
El estudio de “Atención de la agenda de los pueblos indígenas en la gestión e inversión pública en las provincias de Condorcanqui y Bagua en la región Amazonas y Datem del Marañón en la región Loreto” analiza la situación actual del desempeño de los actores estatales en la priorización, planificación y ejecución del presupuesto — en particular de los recursos ordinarios del Estado— y de la inversión pública (Invierte. pe) para la atención de la agenda de los pueblos indígenas.
Esta agenda se vincula con la gobernanza territorial, la protección de derechos, la restauración de ecosistemas y el uso sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en sus territorios de vida.
La información generada busca fortalecer la inclusión de la agenda de los pueblos indígenas en la gestión pública a nivel nacional y subnacional. Además, de contribuir con la mejora de la gestión y la inversión pública con enfoque intercultural y ambiental en las entidades públicas con competencias relevantes en la materia, así como en los gobiernos regionales de Amazonas y Loreto.
A partir del análisis desarrollado, se evidencia una brecha persistente entre el marco normativo y su implementación efectiva en territorio. Asimismo, la inversión pública aún presenta limitaciones para incorporar de manera sistemática las prioridades de la agenda indígena, en un contexto donde persisten vacíos estructurales tales como: la ausencia de instrumentos específicos para la gobernanza territorial.
En conjunto, estos elementos reflejan desafíos en la articulación entre la planificación y la ejecución de las intervenciones públicas.
En este contexto, los hallazgos refuerzan la relevancia de intervenciones como las impulsadas por el BLF Andes Amazónico, orientadas a fortalecer la articulación entre actores, mejorar la incorporación de la agenda indígena en los procesos de planificación e inversión pública y promover enfoques de gestión territorial más integrados, participativos y sostenibles.
