Nueva directiva de SUNARP, voluntad de cambio
En medio de retrocesos y/u oposiciones en la aplicación del derecho a la consulta previa, cuestionamientos sobre quiénes son indígenas y resistencias del sector Energía, ocurren casi inadvertidos avances en el reconocimiento y acciones concretas de parte de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) sobre los derechos de los pueblos indígenas.
En medio de retrocesos y/u oposiciones en la aplicación del derecho a la consulta previa, cuestionamientos sobre quiénes son indígenas y resistencias del sector Energía, ocurren casi inadvertidos avances en el reconocimiento y acciones concretas de parte de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La SUNARP aprobó la “Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Nativas” (Directiva Nº 05-2013-SUNARP/SN) “ante la necesidad de establecer lineamientos especiales y flexibles que faciliten el acceso de las Comunidades Nativas a los servicios de los Registros Públicos… atendiendo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT”, la cual entró en vigencia el 25 de junio del 2013.
Vale resaltar algunos aspectos importantes de dicha directiva: menciona el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos, cita las Sentencias de la Corte Interamericana, habla sobre el “territorio” de los pueblos indígenas y reconoce su autonomía organizativa; entre sus disposiciones se adecua y ordena la normativa sobre inscripción de juntas directivas comunales, procurando sean más ágiles y sencillas, además abordan el tema de inmatriculación de predios adecuándolo como “Inmatriculación del territorio de Comunidades Nativas”, considerando como territorio el área del derecho de propiedad y el área de la cesión en uso a favor de la comunidad, los cuales se inscriben en la misma partida registral.
En el proceso de construcción de este documento participaron organizaciones indígenas y sociedad civil en coordinación con otras instituciones del Estado.
Frente a tantos traspiés en otros sectores, los avances de este Organismo Técnico Especializado (SUNARP), evidencian simplemente voluntad. Esta institución, tan rigurosa respecto a las formalidades en la inscripción pública, ha demostrado que sí se puede adecuar procedimientos y reconocer derechos en favor de los pueblos indígenas, y con ello da un mensaje claro y alienta a que otras instituciones del Estado vinculadas con los pueblos indígenas, también realicen cambios normativos respetando y cumpliendo sus derechos.
La SUNARP aprobó la “Directiva que regula la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Nativas” (Directiva Nº 05-2013-SUNARP/SN) “ante la necesidad de establecer lineamientos especiales y flexibles que faciliten el acceso de las Comunidades Nativas a los servicios de los Registros Públicos… atendiendo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT”, la cual entró en vigencia el 25 de junio del 2013.
Vale resaltar algunos aspectos importantes de dicha directiva: menciona el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos, cita las Sentencias de la Corte Interamericana, habla sobre el “territorio” de los pueblos indígenas y reconoce su autonomía organizativa; entre sus disposiciones se adecua y ordena la normativa sobre inscripción de juntas directivas comunales, procurando sean más ágiles y sencillas, además abordan el tema de inmatriculación de predios adecuándolo como “Inmatriculación del territorio de Comunidades Nativas”, considerando como territorio el área del derecho de propiedad y el área de la cesión en uso a favor de la comunidad, los cuales se inscriben en la misma partida registral.
En el proceso de construcción de este documento participaron organizaciones indígenas y sociedad civil en coordinación con otras instituciones del Estado.
Frente a tantos traspiés en otros sectores, los avances de este Organismo Técnico Especializado (SUNARP), evidencian simplemente voluntad. Esta institución, tan rigurosa respecto a las formalidades en la inscripción pública, ha demostrado que sí se puede adecuar procedimientos y reconocer derechos en favor de los pueblos indígenas, y con ello da un mensaje claro y alienta a que otras instituciones del Estado vinculadas con los pueblos indígenas, también realicen cambios normativos respetando y cumpliendo sus derechos.
