Cadena de valor de la madera en Atalaya: algunas reflexiones
La cadena de valor de la madera en la Amazonía Peruana dista aún de ser una cadena competitiva, eficiente y generadora de valor a pesar del potencial que parece representar.
La cadena de valor de la madera en la Amazonía Peruana dista aún de ser una cadena competitiva, eficiente y generadora de valor a pesar del potencial que parece representar. Muchos aspectos han mejorado en los últimos años, hay mayor tecnificación en el corte y arrastre, el transporte es cada vez más mecanizado y el sistema de concesiones ha generado mayor orden en el aprovechamiento del bosque así como prácticas de manejo y mercadeo que apuntan a la sostenibilidad. Sin embargo, existen aún puntos débiles en la gestión que deben ser abordados. Muchos de estos elementos se configuran de manera tal que afectan el rendimiento de la producción de madera. Para fines de este artículo, el rendimiento es entendido como la relación entre los volúmenes aprobados para extracción y aquellos efectivamente aprovechados.
En la línea base de la cadena de comercio forestal en la provincia de Atalaya, elaborada por el proyecto Amazonía Viva, se encontró que los rendimientos de las Parcelas de Corta Anual (PCA) varían entre el 42 y el 48%. Es decir, más de la mitad del volumen planificado para aprovechar se está quedando en el bosque sin ser cortado.
Cuando se realiza un análisis a nivel de especies, se encuentra que el rendimiento, en líneas generales, tiene una relación de proporcionalidad directa a la demanda del mercado; a mayor cantidad demandada de una especie, mayor rendimiento de la misma. De este modo se ven rendimientos de 100% para shihuahuaco (Dipterix odorata), lupuna (Chorisia integrifolia) o huayruro (Ormosia sp,)y 0% para mashonaste (Clarisia racemosa), azúcar huayo (Hymenaea rediculata) y palo sangre (Pterocarpus sp.).
Un segundo factor que afecta el rendimiento en la actividad forestal es la precipitación, pues la ausencia, exceso, demora o adelanto de las lluvias puede impactar positiva o negativamente la duración del periodo de tiempo disponible para aprovechamiento y transporte de la madera. Evidentemente, la autoridad forestal, las empresas madereras y todos los actores involucrados en el sector no pueden contrarrestar esta amenaza, pero una adecuada planificación podría disminuir los impactos negativos de este factor.
Otro tema que afecta el rendimiento, es la capacidad operativa del mediano empresario maderero peruano promedio en relación con el área de la PCA a su cargo. En conversaciones con empresarios forestales de Loreto y Ucayali, se detectó que existen pocas o ninguna empresa con la capacidad logística suficiente para llevar a cabo el aprovechamiento de áreas tan extensas como las concesionadas, contando con tan poco tiempo. Así, en muchos casos no se termina de extraer toda la madera aprobada (quedando en pie o trozada dentro del bosque), una vez que el ciclo de las precipitaciones impide la continuación de las operaciones.
Otro factor a tomar en cuenta es el cada vez más difícil acceso a la mano de obra no calificada para las actividades de aprovechamiento de madera, debido a la competencia de otras actividades económicas que se llevan a cabo en la Amazonia, tales como la extracción de hidrocarburos, la minería informal, y el cultivo de hoja de coca. Estas actividades ofrecen una gama de beneficios sociales y/o económicos (mayores jornales, seguros médicos, etc.) por encima de la oferta del sector forestal maderero.
Ahora, hablemos del pago por derecho de aprovechamiento. Un maderero local hizo la siguiente analogía: “Si alquilo todos los departamentos de un condominio, lo lógico es que pueda habitarlos todos y no sólo uno a la vez”. Esto es lo que está ocurriendo con el derecho de aprovechamiento forestal: se realiza un pago no solo por la PCA que da beneficios ese año, sino por todas las PCA. Remontándonos al proceso de adquisición de tierras de dominio público para uso forestal, en la subasta o concurso público, el empresario ofreció un monto entre $ 0.25 a $ 2.00 por hectárea, comprometiéndose a pagar toda la concesión, a pesar de usar sólo una fracción de ella (1/20 a 1/15) por año. Por otro lado, el compromiso del Estado fue entregar volúmenes de madera en pie que harían rentable este esquema; sin embargo, muchos de los inventarios que acreditaban estos volúmenes, fueron trabajados en base a información secundaria levantada con varios años de antigüedad. Hoy, este esquema no es rentable, ya que en muchos casos estos volúmenes no existieron en las concesiones entregadas y los concesionarios asumieron un sobrecosto por pago de aprovechamiento, que los limita a priorizar gastos directamente vinculados a las actividades de aprovechamiento como capital de trabajo, compra de maquinarias, trazado de caminos, etc.
En resumen, está comprobado que los bosques del Estado no están recibiendo todos los beneficios de las buenas prácticas silviculturales, evidenciado por un rendimiento que no llega a superar el 50%; además, el empresariado forestal se debilita al contar con una deuda de pago por aprovechamiento que reduce sus ganancias y hace menos atractivo su plan de negocio. En base a este análisis se proponen ciertos cambios estructurales en torno al sistema de concesiones en el país. Por un lado, es necesario desarrollar incentivos (tributarios, financieros, de capacitación, etc.) que viabilicen y hagan más atractivo el sector forestal frente a otros cambios de uso de tierras como la agricultura, ganadería, minería y los cultivos ilícitos. Por otro lado, la autoridad forestal debe revisar la demanda de madera en el mercado para aprobar volúmenes de especies con alta o baja cantidad demandada; o en todo caso, incentivar el consumo de especies poco conocidas a nivel nacional. Identificadas ciertas debilidades en la cadena de valor forestal, se podrá aplicar correctivos que la fortalezcan y la hagan más atractiva para los concesionarios que quieran impulsar el sector.
En la línea base de la cadena de comercio forestal en la provincia de Atalaya, elaborada por el proyecto Amazonía Viva, se encontró que los rendimientos de las Parcelas de Corta Anual (PCA) varían entre el 42 y el 48%. Es decir, más de la mitad del volumen planificado para aprovechar se está quedando en el bosque sin ser cortado.
Cuando se realiza un análisis a nivel de especies, se encuentra que el rendimiento, en líneas generales, tiene una relación de proporcionalidad directa a la demanda del mercado; a mayor cantidad demandada de una especie, mayor rendimiento de la misma. De este modo se ven rendimientos de 100% para shihuahuaco (Dipterix odorata), lupuna (Chorisia integrifolia) o huayruro (Ormosia sp,)y 0% para mashonaste (Clarisia racemosa), azúcar huayo (Hymenaea rediculata) y palo sangre (Pterocarpus sp.).
Un segundo factor que afecta el rendimiento en la actividad forestal es la precipitación, pues la ausencia, exceso, demora o adelanto de las lluvias puede impactar positiva o negativamente la duración del periodo de tiempo disponible para aprovechamiento y transporte de la madera. Evidentemente, la autoridad forestal, las empresas madereras y todos los actores involucrados en el sector no pueden contrarrestar esta amenaza, pero una adecuada planificación podría disminuir los impactos negativos de este factor.
Otro tema que afecta el rendimiento, es la capacidad operativa del mediano empresario maderero peruano promedio en relación con el área de la PCA a su cargo. En conversaciones con empresarios forestales de Loreto y Ucayali, se detectó que existen pocas o ninguna empresa con la capacidad logística suficiente para llevar a cabo el aprovechamiento de áreas tan extensas como las concesionadas, contando con tan poco tiempo. Así, en muchos casos no se termina de extraer toda la madera aprobada (quedando en pie o trozada dentro del bosque), una vez que el ciclo de las precipitaciones impide la continuación de las operaciones.
Otro factor a tomar en cuenta es el cada vez más difícil acceso a la mano de obra no calificada para las actividades de aprovechamiento de madera, debido a la competencia de otras actividades económicas que se llevan a cabo en la Amazonia, tales como la extracción de hidrocarburos, la minería informal, y el cultivo de hoja de coca. Estas actividades ofrecen una gama de beneficios sociales y/o económicos (mayores jornales, seguros médicos, etc.) por encima de la oferta del sector forestal maderero.
Ahora, hablemos del pago por derecho de aprovechamiento. Un maderero local hizo la siguiente analogía: “Si alquilo todos los departamentos de un condominio, lo lógico es que pueda habitarlos todos y no sólo uno a la vez”. Esto es lo que está ocurriendo con el derecho de aprovechamiento forestal: se realiza un pago no solo por la PCA que da beneficios ese año, sino por todas las PCA. Remontándonos al proceso de adquisición de tierras de dominio público para uso forestal, en la subasta o concurso público, el empresario ofreció un monto entre $ 0.25 a $ 2.00 por hectárea, comprometiéndose a pagar toda la concesión, a pesar de usar sólo una fracción de ella (1/20 a 1/15) por año. Por otro lado, el compromiso del Estado fue entregar volúmenes de madera en pie que harían rentable este esquema; sin embargo, muchos de los inventarios que acreditaban estos volúmenes, fueron trabajados en base a información secundaria levantada con varios años de antigüedad. Hoy, este esquema no es rentable, ya que en muchos casos estos volúmenes no existieron en las concesiones entregadas y los concesionarios asumieron un sobrecosto por pago de aprovechamiento, que los limita a priorizar gastos directamente vinculados a las actividades de aprovechamiento como capital de trabajo, compra de maquinarias, trazado de caminos, etc.
En resumen, está comprobado que los bosques del Estado no están recibiendo todos los beneficios de las buenas prácticas silviculturales, evidenciado por un rendimiento que no llega a superar el 50%; además, el empresariado forestal se debilita al contar con una deuda de pago por aprovechamiento que reduce sus ganancias y hace menos atractivo su plan de negocio. En base a este análisis se proponen ciertos cambios estructurales en torno al sistema de concesiones en el país. Por un lado, es necesario desarrollar incentivos (tributarios, financieros, de capacitación, etc.) que viabilicen y hagan más atractivo el sector forestal frente a otros cambios de uso de tierras como la agricultura, ganadería, minería y los cultivos ilícitos. Por otro lado, la autoridad forestal debe revisar la demanda de madera en el mercado para aprobar volúmenes de especies con alta o baja cantidad demandada; o en todo caso, incentivar el consumo de especies poco conocidas a nivel nacional. Identificadas ciertas debilidades en la cadena de valor forestal, se podrá aplicar correctivos que la fortalezcan y la hagan más atractiva para los concesionarios que quieran impulsar el sector.
