WWF presenta reporte sobre las desafíos y oportunidades de la madera legal

• Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, realizaron informes nacionales donde consignaron sus principales hallazgos, recomendaciones, lecciones aprendidas y reflexiones en torno a los desafíos de disminuir el tráfico de madera ilegal en la región y promover el comercio de madera legal. Los informes contienen data actualizada y promueven mejorar la transparencia y la concientización ambiental en la ciudadanía sobre la importancia del problema.

La extracción ilegal y el tráfico de madera en los países de la región Andes - Amazonía se ha convertido en un grave problema que pone en peligro la degradación de los bosques, la pérdida de especies de gran importancia para la provisión de servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad. La ilegalidad en la actividad forestal maderera se presenta en los diferentes eslabones de la cadena de producción y genera una distorsión del mercado forestal, baja competitividad del sector formal y perjudica el desarrollo socioeconómico de comunidades aledañas a la zona amazónica. 

Por ello, entre los años 2021 y 2022, cuatro de los nueve países que conforman la cuenca amazónica, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, que además cuentan con presencia de WWF, realizaron informes nacionales donde consignaron sus principales hallazgos y recomendaciones a seguir para reducir el tráfico de madera y promover el comercio de madera de origen legal. 

Los informes también incluyen las tendencias de la tala ilegal, la identificación de problemas puntuales que requieren decisiones urgentes con la finalidad de alcanzar niveles óptimos de gobernanza forestal en la región, así como algunas advertencias puntuales. Asimismo, recogen lecciones aprendidas así como importantes aciertos de cada uno de los países mencionados y adicionalmente señala los próximos pasos a seguir. 

Dentro de cada país se registra información relacionada con tres aspectos fundamentales: contribución del sector forestal a la economía nacional, plantaciones forestales y tráfico de madera. Uno de los principales hallazgos del documento es que a pesar de las diferentes iniciativas públicas, de la sociedad civil y el apoyo de la cooperación internacional en la lucha contra la tala ilegal, los índices de ilegalidad son altos en la región: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia con 47%, 40%, 37%, 34%, respectivamente.

Alonso Córdova, Director adjunto de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques afirma: “El informe brinda información sobre los principales desafíos por los que atraviesa la madera legal. El tráfico transfronterizo, los presupuestos insuficientes para acciones de control y vigilancia, la deficiente comunicación interinstitucional, debilidades en mecanismos que incentiven la comercialización de madera de origen legal o la corrupción son solo algunos de ellos, pero el informe también ofrece propuestas para hacerles frente”. 

Algunas de las propuestas contempladas en el documento son las siguientes. Por ejemplo, se sugiere promover la articulación de las iniciativas de control y vigilancia forestal con los diferentes sectores vinculados a los bosques, sobre todo en aquellos sistemas de carácter intersectorial, para una atención integral a la problemática. Por otro lado, en el aspecto relacionado al control, se recomienda que las medidas que ejerzan la fuerza pública y las autoridades ambientales, vayan de la mano con la disponibilidad de herramientas tecnológicas.

“Se propone el uso de herramientas, como lupas electrónicas, por ejemplo. Una de estas es conocida como “Xylotron”, es un instrumento de visión artificial que se viene promoviendo en Perú y Colombia a través del proyecto Alianza por la fauna silvestre y los bosques”, señaló Alonso. 

Así como la tecnología, es necesario impulsar canales y espacios de diálogo por la madera legal.  Más allá de las complicaciones propias de esta clase de procesos; siempre está el desafío de mantener una coordinación constante entre las diferentes instituciones y al interior de estas. Algunos ejemplos exitosos son el Pacto por la Madera Legal de Colombia o el Pacto por nuestros Bosques de Ecuador. De esta manera, se vuelve imperativo establecer una agenda común en la que se evite duplicidad de esfuerzos y se mantengan siempre claras las metas y objetivos. 

En ese sentido, estos espacios también deberían promover mayor “transparencia” en materia de información de índole forestal. Este es uno de los principios que aborda la calidad de la gobernanza forestal. De hecho, Alonso expresó: “Se alcanzará una mayor transparencia en la medida en que la información sobre la gestión de los bosques esté disponible, para todos. Se debería fortalecer las medidas ya establecidas en las normativas nacionales que tengan relación con los mecanismos de transparencia”. 

Una última reflexión no menos importante gira en torno a la importancia de concientizar a la ciudadanía en general, ya que esta última demanda  productos de madera. Las reflexiones deben destacar la importancia de este sector en las economías nacionales, así como la relevancia de apoyar decididamente el mercado de madera de origen legal. Los invitamos a revisar el reporte aquí ¡Juntos es posible!