Muchos aspectos han mejorado en los últimos años, hay mayor tecnificación en el corte y arrastre, el transporte es cada vez más mecanizado, y el sistema de concesiones ha generado un mayor orden en el aprovechamiento del bosque. Sin embargo, existen elementos de gestión que pueden ser considerados como puntos débiles dentro de esta cadena que pueden ser trabajados para la mejora de las actividades forestales hacia la sostenibilidad.

Un factor importante que genera el bajo rendimiento en la actividad forestal es el clima, sobretodo la precipitación; la ausencia, exceso, demora o adelanto de las lluvias puede impactar positiva o negativamente en la forestería. Evidentemente, la autoridad forestal, las empresas madereras y todos los actores involucrados en el sector, en su condición humana, no pueden contrarrestar esta amenaza, pero una adecuada planificación y la mecanización de algunos procesos podrían disminuir los impactos negativos de este factor.

En el aspecto administrativo, la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre lleva un registro de los volúmenes solicitados por usuarios del bosque en un Plan Operativo Anual (POA) y los volúmenes realmente aprovechados en esa zafra. La diferencia de estas nóminas da como resultado el saldo de aprovechamiento. Para fines prácticos de este artículo, la relación entre lo aprovechado y lo aprobado será llamada rendimiento. En la línea base de la cadena de comercio forestal en la provincia de Atalaya, elaborada por el proyecto Amazonía Viva, se indicó que los rendimientos de las Parcelas de Corta Anual (PCA) lindan entre 42 a 48%; es decir, que más de la mitad del volumen planificado para aprovechar se está quedando en el bosque. Cuando se realiza un análisis a nivel de especies, se evidencia que el rendimiento es, en líneas generales, proporcional a la cantidad demandada por el mercado; a mayor cantidad demandada, mayor rendimiento. De este modo se ven rendimientos de 100% para Shihuahuaco, Lupuna o Huayruro y 0% para Mashonaste, Azúcar Huayo y Palo Sangre.

Paralelamente, el área de una PCA versus la capacidad operativa del mediano empresario maderero peruano promedio es un tópico a tomar en cuenta. En conversaciones con empresarios forestales de Loreto y Ucayali, se indicó que existen pocas o nulas empresas con la capacidad logística suficiente para llevar a cabo el aprovechamiento de áreas tan extensas contando con tan poco tiempo y que es por ello que en muchos casos no se termina de extraer toda la madera aprobada, quedando madera en pie o trozada dentro del bosque, una vez que cambia el ciclo de las precipitaciones y las operaciones no se pueden llevar a cabo.

Otro factor a tomar en cuenta en este artículo es el, cada vez más difícil, acceso a la mano de obra no calificada para las actividades forestales. En los bosques amazónicos se llevan a cabo actividades económicas como la extracción de hidrocarburos, la minería informal, el cultivo de hoja de coca, entre otros, que significan una mayor fuente de ingresos para operarios no calificados, estos trabajos además, significan menos esfuerzos físicos en la mayoría de los casos. Es así que el sector forestal compite frente a otras actividades económicas que presentan una gama de beneficios sociales y/o económicos (mayores jornales, seguros médicos, etc.) superior a la ofrecida por el aprovechamiento maderero.

Ahora, hablemos del pago por derecho de aprovechamiento. Un maderero local hizo la siguiente analogía: “Si alquilo todos los departamentos de un condominio, lo lógico es que pueda habitarlos todos y no sólo uno a la vez”. Esto es lo que está ocurriendo con el derecho de aprovechamiento forestal: se realiza un pago no sólo por la PCA que da beneficios ese año, sino por todas las PCA. Remontándonos al proceso de adquisición de tierras de dominio público para uso forestal, en la subasta o concurso público, el empresario ofreció un monto de entre $ 0.25 a $ 2.00 por hectárea, comprometiéndose a pagar toda la concesión, a pesar de usar sólo una fracción de ella (1/20 a 1/15) por año; por otro lado, el compromiso del Estado fue entregar volúmenes de madera en pie que harían rentable este esquema, sin embargo, muchos de los inventarios que acreditaban estos volúmenes, fueron trabajados en base a información secundaria levantada con varios años de antigüedad. Hoy, este esquema no es rentable, ya que varios de estos volúmenes no existieron en la entrega de la concesión y los concesionarios cuentan con un sobrecosto por pago de aprovechamiento, que los limitan a priorizar gastos directamente vinculados a las actividades de aprovechamiento como capital de trabajo, compra de maquinarias, trazado de caminos, etc.

Por todo lo expuesto, se puede proponer ciertos cambios estructurales en torno al sistema de concesiones en el país. Está comprobado que los bosques del Estado no están recibiendo los beneficios de las buenas prácticas silviculturales, evidenciado por un rendimiento que no llega a superar el 50%; además, el empresariado forestal se debilita al contar con una deuda de pago por aprovechamiento que reduce sus ganancias y hace menos atractivo su plan de negocios. Se deben presentar incentivos (tributarios, financieros, de capacitación, etc.) que viabilicen y hagan más atractivo el sector forestal frente a otros cambios de uso de tierras como la agricultura, ganadería, minería y los cultivos ilícitos. Además, la autoridad forestal debe revisar la demanda de madera en el mercado para aprobar volúmenes de especies con alta o baja cantidad demandada; o en todo caso, incentivar el consumo de especies poco conocidas o LKS (por sus siglas en inglés) a nivel nacional. Identificadas ciertas debilidades en la cadena de valor forestal, se podrán aplicar correctivos que la fortalezcan y la hagan más atractiva para los concesionarios que quieran impulsar el sector.